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Evolución del mercado lácteo

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La exportación en esta última crisis económica ha sido la tabla de salvación de muchas empresas agroalimentarias españolas. Competir en los mercados internacionales requiere tener un buen producto a un precio competitivo, una estrategia de comercialización definida, una imagen y una presentación cuidada, y un estudio, lo más profundo que se pueda, del mercado exterior al que se pretende acceder. En seis años de existencia, nuestro Rey Silo está hoy presente en cuatro continentes, en algunos países con puntos de venta muy puntuales, pero en otros con una red de comercialización bastante extensa para un queso de pequeña producción y coste elevado. Cada mercado exterior requiere su propia estrategia, porque cada país impone a los productos extranjeros sus propias normas de acceso. Desde mercados tan complicados como el mexicano, a mercados más abiertos como el de EEUU.

En México, por ejemplo, las trabas vienen derivadas de la protección hacia sus propias producciones, imponiendo normas que desalientan la importación o que conllevan situar el producto extranjero a precios prohibitivos. En cambio, los países de origen, en este caso España, por lógica, tratan de favorecer en todo lo posible los trámites de exportación para que las empresas envíen todo lo que el mercado exterior es capaz de asumir. Es la lógica.

En estos momentos en que vivimos el desplome de los precios de la leche en origen, y que nuestros ganaderos viven con angustia la amargura de percibir unos precios por su producción inferior a los costes que soportan, parecería que una solución al exceso de leche en el mercado español y europeo debería de venir de mano de la potenciación de las exportaciones, especialmente de aquellos productos derivados de alto valor añadido como son los quesos artesanos.

Es lo que están haciendo desde hace años británicos, franceses, holandeses, italianos, … , tanto a través de las exportaciones de sus grandes industrias lácteas transformadoras, como también por los pequeños artesanos, especialmente aquellos quesos de leche cruda que ahora mismo son los de mayor demanda internacional en el segmento gourmet.

Parecería lógico pensar que si hay una crisis profunda en el sector lácteo, las autoridades españolas y las asturianas buscasen soluciones más allá de otorgar subvenciones y ayudas que palien el actual desfase económico y girasen la mirada hacia otras soluciones menos globales a corto plazo, pero más eficaces a medio y largo plazo. Entre estas posibles soluciones está la potenciación de la microindustria láctea de transformación que sí está dispuesta a pagar a los ganaderos el precio de producir leche de calidad, de vacas distinta a la frisona y de explotaciones extensivas.

Pues hete aquí, que esta Administración, en vez de proteger la actividad exportadora de estas microempresas lácteas de transformación, adopta decisiones medio en secreto que suponen lisa y llanamente que los quesos artesanos españoles se dejen de exportar. Un panorama preocupante para las industrias queseras artesanales, pero también una nueva preocupación para los ganaderos que ven así reducidas aún más sus posibilidades de supervivencia.

A partir del uno de julio de este año entrará en vigor definitivamente el Real Decreto 993/2014 de “Certificación Veterinaria Oficial para la Exportación con destino a Países Distintos a la UE”. Este RD, que en realidad ha entrado en vigor el pasado 1 de marzo, pero que han tenido que dar un nuevo plazo mientras realizan todos los ajustes para su compleja puesta en marcha, significa, nada más ni menos, que la expulsión de las microempresas queseras por parte del Ministerio de Agricultura del sector exportador. Unas queserías artesanales que han incrementado en estos últimos años un 330% sus exportaciones fuera de la UE, sin ningún apoyo oficial.

Y en qué consiste este RD. Pues en la creación de un nuevo gasto directo e inútil para podamos seguir exportando. Para algunos es un “ARANCEL EN ORIGEN”, lo nunca visto, aunque otros lo denominamos “impuesto revolucionario”, vía BOE, a favor de las empresas auditoras por realizar inspección de “papeles” (la gran obsesión de la Administración española), que en realidad sustituye la labor legal obligatoria de las propias Administraciones y para las que ya pagamos todos nuestros impuestos. Un nuevo ejemplo de legislación clientelar. Con este RD, las empresas agroalimentarias debemos pasar anualmente una auditoria que certificará que llevamos correctamente un nuevo procedimiento interno, que se solapa con el que ya estamos obligado a realizar por mandato europeo, que es la Guía de Control de los APPCC con ligeros matices. Estas auditorías no incluirán inspecciones a las queserías para comprobar la correcta aplicación de las medidas higiénico-sanitarias en la producción. Tampoco nos servirán para eximirnos del cumplimiento de las normas de los países de destino de nuestros quesos.

En el caso de las microempresas queseras, este nuevo gasto inútil supondrá encarecer nuestros quesos entre un 6 y 9% más. Es decir, dejar de competir en los mercados internacionales frente a los quesos artesanos franceses, italianos, holandeses, belgas o británicos, … lo que se traduce en dejar de exportar, lo que significará para algunas queserías echar el cierre, dejar de comprar leche, lo que aboca a los ganaderos a tener menos posibilidades de colocar su producción a precios que cubran sus gastos, cierre de más ganaderías, …

Porque en este Real Decreto, nadie ha previsto que ese coste por auditoria no es igualmente soportable por la gran industria, que para la microindustria o nanoindustria agroalimentaria, y esta falta de tener en cuenta las dimensiones a la hora de adoptar medidas para un sector, es una constante en toda la Administración española, ya sea la central o la autonómica y así nos va. Tal cual está el RD, el coste de esta Auditoría será igual para quien factura 200.000 como para quien factura 20.000.000 de euros anuales. Y esto no ha hecho más que empezar, porque el RD prevé el pago más adelante del llamado Documento de Veterinario Responsable (DVR).

Y a todo esto, cuál ha sido la reacción de la Administración del Principado frente a este Real Decreto. Pues ni desde su publicación en diciembre de 2014, ni durante la larguísima elaboración del Protocolo que lo desarrolla (todo el año 2015), ni durante estos tres primeros meses del año 2016, ha dicho esta boca es mía. Silencio absoluto. Y así seguimos.

 

Fuente: http://queseru.com

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